¿GUERRA CONTRA EL NARCOTRÁFICO O GUERRA CONTRAINSURGENTE?

Ecuador y El Salvador, coincidentemente dos países pequeños y con economías dolarizadas, son escenarios de ensayo de una nueva modalidad de guerra contrainsurgente, que en realidad ya comenzó desde hace veinte años, a diferente escala, en otros países latinoamericanos.

Estados Unidos de Norteamérica no va a permitir una nueva Cuba en el continente americano, de allí su agresiva política de bloqueo, sometimiento y acoso económico y político contra Venezuela, donde se desarrolla el proceso más radical y consistente del llamado “socialismo del siglo XXI” o “progresismo” en Latinoamérica, que sigue dando dolores de cabeza al imperio y a la derecha latinoamericana, a pesar de la desaparición temprana de su principal líder, Hugo Chávez.

Estados Unidos se había descuidado de su patio trasero (término abusivo y despectivo, originado en la época del gobierno del presidente norteamericano James Monroe y su Doctrina Monroe en el año 1823). Asediado por las preocupaciones en Oriente Medio (Irán, Irak, Palestina y Afganistán, fundamentalmente), así como los desafíos de Corea del Norte y las crecientes influencias de China y Rusia en el mundo, USA dejó de preocuparse de Latinoamérica a la que creía pacificada o con focos de insurgencia controlables.

En la segunda mitad del siglo XX, USA había ensayado diferentes formas de agresión directa en países latinoamericanos y del Caribe. No sólo el bloqueo a Cuba y su revolución, sino otras acciones directas en Guatemala, República Dominicana, Panamá o Grenada; bases militares en países como Colombia, como parte del “Plan Colombia” de supuesta lucha contra el narcotráfico, aunque en realidad se trataba de un plan contrainsurgente contra las FARC y otros grupos guerrilleros. Hasta golpes de estado e imposición de dictaduras militares como las de Brasil y el Cono Sur.

Pero el siglo XXI comenzó diferente, le tomó por sorpresa al imperio. Ya no se trataba de combatir a columnas guerrilleras en la selva, sino a gobiernos elegidos democráticamente, a los que caracterizaba como revolucionarios, socialistas o comunistas. Creyó que luego del golpe de Chile en 1973 contra el gobierno legítimo de Salvador Allende, no se iban a repetir en la región (su “patio trasero”) gobiernos de izquierda o progresistas elegidos con las mismas reglas de la democracia burguesa.

Pero, además, comenzó a constatar grandes movilizaciones populares, que ponían en riesgo al sistema, y no sólo en Latinoamérica, sino en su propio territorio (Seattle 1999). Hoy debe preocuparle mucho las enormes movilizaciones de apoyo a la causa palestina y contra el genocidio sionista en Gaza, que ocurren en diferentes ciudades de USA.

Se acaba de cumplir el 30 aniversario de la irrupción del Ejército Zapatista (EZLN), aquel 1 de enero de 1994 en Chiapas, México. Y se había vivido también los intentos de revoluciones armadas en Nicaragua (FSLN) y El Salvador (FMLN). Estados Unidos de Norteamérica y las oligarquías latinoamericanas no van a permitir que ello se repita. De allí que cualquier intento de movilización social que alcance cierta magnitud y ponga en peligro al sistema, tendrá que ser duramente reprimido, donde quiera que ello ocurra. Y el narcotráfico, promovido por el mismo capitalismo, resulta ser un buen pretexto para militarizar la política.

La narrativa comenzó al tratar de vincular al gobierno cubano y luego al venezolano, o a organizaciones insurgentes como las FARC con el narcotráfico. Y hasta se acuñó el término “narcoguerrilla”. A sabiendas de que el narcotráfico en realidad estaba y está infiltrado en la banca y empresas privadas, en las propias instituciones estatales, incluidas las Fuerzas Armadas, la Policía, jueces, legisladores, presidentes de las repúblicas y sus entornos, a tal punto que se estructuraron narco estados.

En una entrevista a la activista e intelectual mexicana, Raquel Gutiérrez Aguilar, publicada en sitio de http://laboratoria.red/ (“La opacidad es una estrategia de contrainsurgencia”), señala que:

“En México, antes de que comenzara la ‘guerra contra el narco’ en 2007, un primer ensayo de cambio en la medida moral de la violencia admisible ocurrió en mayo de 2006 cuando sucedió lo que Adolfo Gilly llamaba ‘la ocupación militar de un pueblo cercano a la Ciudad de México’, en Atenco, Estado de México. Había por aquel entonces una lucha muy importante contra un inmenso negocio extractivista en Atenco, donde se pretendía construir un aeropuerto. La policía federal -militarizada- ocupó el pueblo de Atenco donde, además, estaba la Otra campaña zapatista. La represión fue violentísima. Entre otras cosas, esa fue la primera vez que se usó pública y notoriamente la herramienta de la violencia sexual contra las mujeres que fueron detenidas tras la ocupación militar del pueblo.”

El año 2006 fue de gran movilización popular en México. Pero, quizá, el principal detonante de la supuesta “guerra contra el narco” en México, señala Raquel Gutiérrez, fue “la insurrección de Oaxaca y de sus 4 o 5 meses de ocupación y toma de la ciudad. Son los sucesos enérgicos de levantamiento y movilización que se conocieron como la Comuna de Oaxaca organizados por aquella organización que tomó el nombre Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), que llega a neutralizar el avance del ejército en la confrontación del 1 y 2 de noviembre de 2006.”

Algo similar ocurrió en años sucesivos en diferentes partes de Latinoamérica. Caracterizados esos episodios por una desmedida represión armada (ver https://lalineadefuego.info/latinoamerica-las-tinieblas-de-la-represion/) de la Policía, las Fuerzas Armadas e incluso de grupos civiles armados, cercanos a las oligarquías y protegidos por los Estados (Ecuador 2019 y 2022, Chile 2019 y 2020, Bolivia 2019 y 2020, Colombia 2021, Perú 2022 y 2023, Panamá 2023…). Represión que causó en todos los países un inusitado gran número de manifestantes asesinados, y cientos de lesiones simbólicas como la pérdida de ojos, que responden a un mismo patrón represivo.

En el caso del Ecuador, es notorio que las muertes violentas, especialmente homicidios, tienen un enorme repunte después del levantamiento popular de octubre del 2019, sobre todo a partir de la primera masacre carcelaria del año 2021 luego de la cual vendrán otras.

En el primer gráfico con datos oficiales publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), se puede ver la tendencia de las muertes violentas en el Ecuador (hasta el año 2022 en que hay datos oficiales del INEC). En el gráfico se resalta con líneas más gruesas, el total de muertes por homicidios y los homicidios en hombres. Si haríamos un análisis a mayor profundidad, por grupos de edad, sexo y clases o estratos sociales, nos daríamos cuenta de que esos homicidios ocurren sobre todo en jóvenes hombres de sectores populares, muchas veces racializados. Gran cantidad de muertes de esos jóvenes ocurrieron en los años 2021 y 2022 al interior de las cárceles, a donde son conducidos como microtraficantes o supuestos microtraficantes de drogas, o como miembros de pandillas; en última instancia como carne de cañón, como desechos sociales.

En este segundo gráfico, con datos de la Policía Nacional, se puede ver como para el año 2023, el número de homicidios se habría incrementado aún más.

Muchos de esos homicidios estarían supuestamente ligados al narcotráfico, o la lucha entre pandillas que disputan el control de corredores de drogas, incluido el envío a Europa, Norteamérica y otros destinos, a través de puertos legales, en grandes contenedores.

Pero, el investigador mexicano Oswaldo Zavala (citado por Raquel Gutiérrez), parte de una afirmación fuerte que tiene sentido: “’los cárteles no existen’. Esto significa que ‘cartel’ es un sustantivo común que esconde la imbricación de negocios legales, ilegales, civiles y estatales. Plantear un argumento en términos de guerra de cárteles borra el hecho de que lo que existe son disputas por circuitos económicos de todas clases, legales e ilegales, administrados por segmentos y estructuras del estado de las que no tenemos claridad.”

Para ningún ecuatoriano es desconocido que en el denominado “caso metástasis” que se encuentra en pleno proceso, están implicados jueces, oficiales policiales de alto rango, además de otras autoridades y funcionarios de instituciones públicas. Fue el embajador estadounidense en el Ecuador, Michael Fitzpatrick, quien mencionó por primera vez en el año 2021 la existencia de “narcogenerales” (ver https://www.primicias.ec/noticias/politica/entrevista-embajador-estados-unidos-ecuador/).

Tampoco es desconocido que en el año 2007: “La embarcación en donde se encontraron 50 kilos de clorhidrato de cocaína, obtuvo la autorización para zarpar. Pese a que se encontraba en plena etapa de investigación, el buque Charles Islands, de la empresa Transportes Marítimos Bolivarianos (TRANSMABO), de propiedad del ex candidato presidencial, Alvaro Noboa (padre del actual presidente de la república, Daniel Noboa Azín), fue liberado en menos de 48 horas.” (https://rebelion.org/una-embarcacion-donde-se-encontro-droga-obtuvo-permiso-para-zarpar/). Aunque el empresario y político aseguró que esa droga fue sembrada por desconocidos en su barco, el ex diputado del Partido Social Cristiano (PSC), Alfredo Castro Patiño, explicó que “todo lo ocurrido con la embarcación resulta extraño. «Se supone que ese barco no debía salir jamás hasta que no se terminen las investigaciones, eso es lo legal», anotó.” Añadió Castro que “el empresario no es ningún narcotraficante… pero que sí utiliza su influencia política para que esos barcos utilizados por sus empresas obtengan el permiso del fiscal investigador para que vuelvan a zarpar.”

Este incidente, que parece aislado, da cuenta de que el narcotráfico está utilizando la estructura del comercio internacional legal, para enviar droga (especialmente cocaína) a otros países. De hecho, el Informe Mundial sobre las Drogas 2022 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) señala que en el año 2021 el 90% de cocaína incautada fue de tráfico en contenedores por vía marítima y ya no sólo tenían como destino Norteamérica y Europa, sino otras regiones como África y Asia.

El Ecuador sin duda se ha convertido en corredor de exportación de droga (cocaína en particular) hacia varios destinos, a través de contenedores. Hay frecuentemente noticias de incautación de estos contenedores en Europa, en la que se camufla la droga en cajas de banano, camarón y otros productos ecuatorianos de exportación, como lo relatado en esta nota de agosto del 2023 (“España: hallan 9,5 toneladas de cocaína en contenedor de plátanos procedente de Ecuador” https://www.vozdeamerica.com/a/espana-hallan-9-5-toneladas-de-cocaina-contenedor-platanos-procedente-ecuador/7241109.html). Ya no son las “mulas” que llevan unos pocos kilos de droga adosada a sus cuerpos o en capsulas en su intestino, hoy el tráfico se realiza por toneladas y en grandes contenedores, lo cual es imposible que se realice sin la complicidad de empresarios y autoridades de diverso tipo; existe un inusitado interés de diferentes sectores de la burguesía por el control de Aduanas.

Pero no es hacia allá donde apunta la supuesta lucha contra el narcotráfico (lavado de activos, contenedores “legalmente” despachados). Los grandes empresarios y los políticos, los narcogenerales y los jueces, casi siempre actuarán con impunidad. La guerra y el odio provocado por esta estrategia, se dirige contra los más débiles, contra los supuestos micro traficantes y pandilleros, o máximo contra los líderes de las bandas criminales, que aparentemente actúan en conexión con grupos políticos y círculos empresariales, con el Estado.

Y toda esta guerra, que finalmente es más de contrainsurgencia que contra el narcotráfico, está destinada a crear el andamiaje para la protección del gran capital nacional y transnacional (no importa su origen limpio o sucio), y con toda seguridad es dirigida de manera coordinada en toda Latinoamérica y quizás a nivel global. El acuerdo firmado entre los gobiernos del Ecuador y Estados Unidos de Norteamérica el 6 de octubre de 2023 (en pleno período de muerte cruzada, es decir sin tener que pasar por la aprobación del Legislativo), que permitiría la invasión de tropas norteamericanas en caso sea “necesario” (https://www.planv.com.ec/historias/analisis/operaciones-estabilizacion-autoritaria-america-andina), y la presencia del embajador de USA, Michael Fitzpatrick, en la sesión del consejo de seguridad nacional la tarde del 9 de enero de 2023 en Carondelet, confirma que ello es así. Nada se hace sin la venia de USA.

Y en ese marco, en pocos días de su gobierno, el presidente Daniel Noboa Azín ha logrado más que sus predecesores Lenin Moreno y Guillermo Lasso, que mostraron claramente su ineptitud, aunque cumplieron con el protocolo de hiper represión durante los levantamientos populares de octubre 2019 y junio 2022.

No es casual que la primera decisión que tomó el gobierno de Noboa Azín, fue la eliminación de los umbrales de portabilidad de drogas en los consumidores. Medida técnica de salud pública adoptada por el Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (CONSEP) en el año 2013.

Se trata de culpabilizar, incluso de la creciente violencia, a los consumidores de drogas, a los micro traficantes y a las pandillas. Sin ningún fundamento, tanto Guilermo Lasso (que lo intentó) como Daniel Noboa, la oligarquía y la derecha, justifican esa medida de criminalizar a los consumidores de drogas, supuestamente por el crecimiento del consumo y de la violencia social luego de que fuera aprobada lo que denominan “tabla de consumo” (umbrales). Lo cierto es que, si se ve las curvas de muertes violentas, tanto la del INEC como la de la Policía Nacional, al contrario, se ve que luego de la aprobación de los umbrales (2013), que se acompaña también de otras políticas con enfoque de derechos humanos (como reducción y sustitución de penas a micro traficantes), el número de muertes violentas y de homicidios disminuye (en realidad desde el 2011) y así se mantiene hasta el año 2018. Es a partir del año 2019 y especialmente del 2021, en que los homicidios aumentan de manera alarmante.

Para agravar la situación, a pesar del ya enorme tráfico ilegal de armas, en el 2023 el ex presidente Lasso emite dos decretos ejecutivos, el 645 (del 10 de enero 2023) y el 707 (del 1 de abril de 2023), que respectivamente, disminuye el impuesto a consumos especiales (ICE) de armas de fuego y municiones, de 300% a 30% (como ejemplo, una pistola que costaría 4000 dólares más IVA antes del decreto, luego del mismo costaría 1300 dólares más IVA) y permite la libre portabilidad de armas de fuego a civiles. Facilitando con ello el que grupos violentos y ciertos sectores de la sociedad con mayor poder adquisitivo e interés para ello, así como con capacidad e influencias para obtener las respectivas licencias, se armen o mejoren sus armarios. Hay allí un claro enfoque de clase, armar a los más ricos y sus bandas paramilitares.

Durante los levantamientos populares del 2019 y 2022, grupos de civiles armados salieron directamente a reprimir a los manifestantes, muchas veces en conjunción con la Policía y las Fuerzas Armadas. En estos días de enero del 2024, en el que se vive una extrema violencia en el Ecuador y un ambiente de terror en la población, circulan en redes sociales vídeos en los que se ve a supuestos delincuentes o pandilleros capturados (siempre jóvenes hombres empobrecidos) atacados brutalmente por sus captores y sus perros; no se sabe si los captores (que esconden sus caras) son militares, policías o grupos civiles con armas de gran calibre.

Todo este marco de violencia, permite definir algunas preguntas o inquietudes, que seguramente rondan en muchas cabezas, como:

¿Fue real el asalto a TC Televisión, o fue un montaje desde el poder, para ayudar a justificar la militarización del país, el estado de excepción y las preguntas de una consulta popular?

¿El montaje puede haber incluido las fugas programadas de los líderes de dos bandas, que se sabe actúan en coordinación con grupos políticos y posiblemente empresariales? Luego el Estado, el presidente, la Policía y las Fuerzas Armadas quedan como héroes con la recaptura, o peor aún, con la aniquilación.

¿Qué tanta coordinación se da para las llamadas “vacunas” de comercios, con grupos políticos burgueses?

¿Forma el Ecuador parte del ensayo de un nuevo plan de contrainsurgencia, que en otros países como El Salvador incluye las mega cárceles sin respeto de los Derechos Humanos para los llamados “pandilleros”? No es que a las bandas criminales o de narcotráfico se le considere grupos insurgentes, sino que se utiliza el pretexto del narcotráfico para montar encubierta una guerra contra el pueblo, una guerra contrainsurgente.

¿El poder teme a las pandillas y pandilleros, porque cree que se pueden sumar a las movilizaciones en caso de graves estallidos sociales? (recuerden que en Nicaragua y El Salvador ya hubo una experiencia al respecto). En general el poder teme a la movilización social.

¿Se ensaya con las pandillas y con jóvenes estigmatizados y excluidos, políticas de exterminio social?

Los gobiernos como los de Bolsonaro, Milei o Noboa, ¿son también ensayos de la guerra contrainsurgente, tratan de ver hasta dónde pueden llegar con políticas de super explotación, privatizadoras, disciplinadoras y de control social?

¿La exacerbación de la violencia social es provocada intencionalmente por el poder?, ¿se está buscando y/o preparando para una guerra civil de clases?

En ese marco, ¿son los procesos electorales realmente transparentes?, ¿cómo explicar el inusitado ascenso de Daniel Noboa Azín, por ejemplo?, ¿la campaña electoral del 2025 ha iniciado?

¿Qué papel juegan las redes sociales y los medios en este proceso?

11 de enero de 2024