INOCENTADA CON EL
IESS
Mientras unos niños ricos hacen
piques en la Shyris y chocan el Mercedes Benz y el BMW de papá y mamá contra
otros vehículos; millones de ecuatorianos cierran el año 2023 en condiciones de
pobreza y extrema pobreza, uno de cada cuatro niños sigue teniendo desnutrición
crónica a pesar de los intentos de los técnicos de Lasso por falsear las cifras,
en los niños indígenas la situación es aún más grave.
Los homicidios que ya tuvieron su
cifra récord en el 2022 (4.451, la mayoría jóvenes de sectores populares
asesinados en las cárceles y fuera de ellas), parecen este año 2023 alcanzar un
nuevo récord, cuando se acercan a 8.000.
Y el gobierno oligárquico de
Daniel Noboa Azín arremete sin piedad contra el pueblo, ahora contra los
trabajadores, con las pretendidas reformas al IESS. Inició con la eliminación
de los umbrales para el porte de drogas por los consumidores,
criminalizando a los más pobres, porque a los consumidores ricos y a los narco-generales,
nadie les tocará.
Y paralelamente emite políticas
que benefician a los más ricos, Ley Orgánica de Eficiencia Económica y
Generación de Empleo, edulcorada como generadora de empleo para jóvenes: “Se
podrá deducir un 50% adicional del gasto sueldos y salarios sobre los que se
haya aportado al IESS por la contratación de jóvenes entre 18 a 29 años…”.
Sólo con esta disposición de la
mentada ley: “Se dispone la remisión de intereses, multas y recargos de las
obligaciones tributarias o fiscales internas cuya administración y/o
recaudación le corresponde al SRI; siempre que el pago se realice dentro de los
primeros 150 días posteriores a la publicación de esta ley.” Se condona una
deuda de 92 millones de dólares (correspondiente intereses multas y recargos,
dentro de un total de 170 millones de deuda al SRI) al Grupo Noboa de la familia
del presidente Daniel Noboa Azín; pero condonaciones importantes también benefician
a otros grupos económicos poderosos.
La ley económica urgente fue aprobada
con 107 votos el 19 de diciembre de 2023, en base al voto duro de la mayoría
legislativa liderada por el correísmo, socialcristianos y el gobierno. Ratificando
que el correísmo es un actor más del poder burgués y no un partido “revolucionario”,
como pretenden confundir al electorado.
Pero también hay otras “joyas” en
esa ley aprobada por la alianza que cogobierna:
“Impuesto a
la salida de divisas:
Estarán
exonerados de ISD los pagos por inversiones en fondos administrados o
colectivos de inversión constituidos en el Ecuador. De igual forma, se
encuentran exentos, los pagos por importación de bienes de capital y materias
primas efectuados por sociedades que suscriban contratos de inversión a partir
del 29 de noviembre del 2021
Alianzas público
- privadas
Se crea el
régimen para la atracción de inversiones a través de asociaciones público-privadas,
el cual regula la participación del sector privado en proyectos desarrollados
en alianza con el sector público.
El plazo
máximo de vigencia de un contrato en asociación público privada podrá ser de
hasta 30 años, los cuales podrán ampliarse una sola vez por 10 años
adicionales; sin que en ningún caso su vigencia sea menor a 5 años.”
Al parecer, el efecto Milei,
ultra privatizador y anti derechos, está calando en otros países de Latinoamérica
con regímenes neoliberales, como es el caso del Ecuador.
Y en ese marco de las “alianzas público
– privadas”, un viejo cuento de las oligarquías refrendado en esta nueva ley,
es que debemos entender los cambios que se proponen en el Instituto Ecuatoriano
de Seguridad Social (IESS), de lejos la institución con mayor capital económico
en el país, que es una tentación para los intereses privatizadores.
No es casual que el presidente
Noboa Azín haya nombrado como delegado del Ejecutivo y presidente del Consejo Directivo
del IESS, a un empresario del sector de los seguros privados. Eduardo Peña
Hurtado, es presidente de Seguros Cóndor, ex presidente de la Cámara de Comercio
de Guayaquil, entre otras funciones empresariales. La seguridad privada (con
dos votos, el de los empresarios y el del Ejecutivo) se toma nuevamente el IESS
y en poco más de un año van a tratar de concretar lo que no pudo Guillermo
Lasso con su pretendida reforma liderada por el agente del Banco Mundial,
Augusto De la Torre.
No es casual tampoco, que
inmediatamente Peña Hurtado designe como “director de hospitales del IESS” (querrá
decir director de Salud) a Leonardo Viteri, un conocido dirigente político
socialcristiano. La alianza gobierno - correísmo - socialcristianismo está
funcionando.
Cuentan las malas lenguas (no me
consta), que el afán que tenía Leonardo Viteri de denunciar la supuesta
corrupción de Caroline Chang, primera ministra de salud de Correa, en la
adquisición de ambulancias y otros equipos e insumos médicos, se debía a que sectores
allegados al correísmo arrebataron ese negocio a los socialcristianos, igual
que lo hicieron con los negocios del petróleo y otros como la relación con la
industria del tabaco que en el período 2009-2011 fue copada por el entonces asambleísta
de la Izquierda Democrática, Andrés Páez.
En una entrevista de Peña Hurtado
con Carlos Vera (que tuve que tragarme para esta nota), Peña anuncia la
designación de Viteri, a quien presenta como un hombre capaz y honesto (sic).
Ambos, Peña y Viteri, se van a sacrificar por el país y por el IESS durante los
próximos 17 meses, dejando la paz de sus proyectos privados, Vera los aplaude.
Pero también en la entrevista,
Peña anuncia que continuará con el plan de Augusto De la Torre. A momentos, el
entrevistador, Carlos Vera, finge preocuparse por los derechos de los afiliados y
pensionistas, “¿cómo se les va a cargar más peso en un IESS ineficiente y
corrupto?”. Peña ratifica que se aumentará el monto de aportes individuales,
así como la edad de jubilación (65 o 70 años insinúa Carlos Vera y Peña
asiente) y el número de años para el cálculo de la pensión de jubilación.
Sentencia que va a condenar a los pacientes del IESS al acceso a sólo los 80
medicamentos de uso más común (que de hecho son los más baratos y responde al
plan acotado de prestaciones promovido por el Banco Mundial desde la década de
1990). Los pacientes con cáncer u otras enfermedades catastróficas o raras, que
se jodan; paralelamente se promoverá más los seguros privados, para quienes
puedan comprarlos.
Miente Peña cuando dice que con
20 dólares de aportes para salud se cubre la atención de la familia, y
multiplica por 4 (los miembros de la familia promedio). Según él, el IESS cubre
prestaciones de salud a 12 millones de ecuatorianos. En la práctica, en una
pareja de trabajadores ambos son afiliados, muchos trabajadores afiliados no
tienen familia, y no todas las familias tienen hijos menores de 18 años
Claro, dicho de esa manera mal
intencionada, suena a un mal negocio. Y muchos le hacen el coro en redes
sociales: “sabe usted a cuantas personas se atiende en el IESS con sus
aportes?? Se ha inflado la “cobertura de
salud” del IESS con personas que aportan, agárrense…! $1,79 Si UN DOLAR CON 79
CENTAVOS mensual, POR EL “seguro” de él y SU FAMILIA…!!” (sic), en clara
alusión de los neoliberales al seguro social campesino, que tiene otra lógica,
solidaria, y otra forma de pago al SGSIF (seguro general).
Peña además adelanta supuestos
mecanismos para cobrar la deuda pública y privada al IESS, mediante el traspaso
de activos. En el fondo, quieren evadir la deuda pública y privada, principal raíz
de la crisis.
En medio de su entrevista, Peña
señaló que lo anunciado es sólo un bosquejo del plan. Que el mismo estará listo
en 12 meses y entonces lo presentará para su aprobación en los órganos
respectivos.
En realidad, ya conocemos cual es
el plan. Lo conocemos desde hace años, es el recetario del Fondo Monetario
Internacional y del Banco Mundial. Es el mismo que anunció Augusto De la Torre
al final del gobierno de Guillermo Lasso.
En marzo del año 2022, en pleno
gobierno de Guillermo Lasso, la Internacional de Servicios Públicos (ISP) y el
Centro de Derechos Económicos y Sociales (CEDES) desarrollaron el estudio
“Condiciones y Riesgos de la Privatización de la Seguridad en el Ecuador”[1],
que en forma resumida señala (a fines del año 2023 las cifras señaladas a
continuación, seguramente aumentaron):
La investigación analiza la situación
financiera del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y las repercusiones
negativas para los afiliados por una eventual administración privada de los
fondos de pensiones y de salud.
A diciembre
de 2021, el Fondo de Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte registró ingresos por
USD 3.129 millones, frente a USD 5.400 millones de egresos, lo que genera un
déficit de USD 2.271 millones.
La deuda
del Estado con el IESS supera los USD 8.000 millones, de los cuales USD 2.000
millones corresponden al pago del 40% del aporte del Estado al Fondo de
Pensiones. A esto se suma la mora patronal por más de USD 2.000 millones.
Es decir,
existen USD 10.000 millones adeudados a la Seguridad Social, recursos que
podrían servir para enfrentar la crisis financiera de la institución y evitar
su privatización.
Sin
embargo, los últimos gobiernos no han incluido recursos en el presupuesto
general del Estado para pagar la deuda, ni tampoco han emprendido acciones para
cobrar a las empresas morosas.
Por el
contrario, han permitido de manera deliberada agudizar la crisis, especialmente
en los hospitales, para justificar la privatización, aunque en el discurso
oficial se diga lo contrario.
El primer
paso es la anunciada externalización de las farmacias de la red de hospitales
públicos, que no es otra cosa que la entrega del negocio de los medicamentos a
las empresas farmacéuticas privadas nacionales y transnacionales.
En la misma
línea está el proyecto de Ley de Inversiones del Ejecutivo, que faculta al
presidente de la República, mediante Decreto, delegar la administración privada
a través de Alianzas Público-Privadas, de las entidades contempladas en el
artículo 225 de la Constitución, entre las que consta la Seguridad Social.
La
privatización se enmarca en las reformas que tienen que ver con:
·
Aumento de la edad de jubilación
·
Creación de cuentas individuales, rompiendo
con el principio de solidaridad
·
Nueva fórmula de cálculo para la jubilación,
en lugar de los mejores cinco años de aportaciones, bajará el monto de las
pensiones.
·
Incremento del aporte de los trabajadores,
que disminuirá sus ingresos mensuales.
·
Externalización de las farmacias hacia las
cadenas farmacéuticas privadas, para que éstas lucren del jugoso negocio, con
recursos de IESS, que son nuestros recursos.
El estudio del ISP y CEDES,
también advierte sobre un conflicto de interés del entonces presidente del
Consejo Directivo del IESS y delegado del Ejecutivo:
La ISP deja
planteada la interrogante por un posible conflicto de intereses en favor de la
privatización que tendría el presidente del Consejo Directivo del IESS,
Francisco Cepeda, por estar vinculado a hospitales, seguros de salud e
inmobiliarias privadas.
De acuerdo
con información pública de la Superintendencia de Compañías, Cepeda es
accionista del Hospital de Los Valles S.A. y de la constructora inmobiliaria
Cepeda Gutiérrez.
También
consta como gerente de Almeida Montero Cía Ltda., empresa de servicios de salud
ambulatorios, cargo que fue conferido el 10 de agosto de 2020, por un periodo
de 2 años.
Además, fue
accionista y directivo de las empresas Safe Work Seguridad y Salud Laboral,
Sermedipre Servicio de Medicina Prepagada, Conjunto Clínico Nacional Conclina,
Saludsa Sistema de Medicina Prepagada del Ecuador, Medical Track Axxistrack,
hospital del Río Hospirio, Cardiovalle, Hospivalle, Hospiservicio y
Hospifuturo.
La propuesta presentada por la
comisión encargada por Guillermo Lasso, (Comisión Ciudadana para la reforma a
las pensiones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para darle
sostenibilidad al sistema), en julio del 2023, ya cuando estuvo vigente la
“muerte cruzada” que acortó el período presidencial y disolvió la Asamblea
Nacional (es decir con un gobierno deslegitimado), pretende maquillar las
intenciones. Plantea que no se aumentará la edad de jubilación, pero que si
propone aumentar el número de aportaciones a 35 años para poder jubilarse (en
la actualidad es posible jubilarse con 60 años de edad y 30 años de
aportaciones). En la práctica, pretenden aumentar la edad de jubilación, porque
muy pocos trabajadores a la edad de 60 años podrían contar con 35 años de
aportes, requerirían haber aportado desde los 25 años de edad y con
continuidad, sin ninguna interrupción.
Las otras propuestas de la
comisión, son: Ampliar el número de los mejores años que se toman en cuenta
para calcular la pensión jubilar (subiendo paulatinamente hasta llegar a 15 o 20 años). Dar incentivos para que las personas se jubilen más tarde con
la promesa de tener una pensión más alta.[2]
Todas estas propuestas de Augusto
De la Torre durante el gobierno de Lasso, son retomadas hoy por Peña Hurtado,
quien no es muy diferente al ex presidente del Consejo Directivo del IESS
(Francisco Cepeda), tiene también enormes conflictos de interés.
Hugo Noboa Cruz, 30 de diciembre
de 2023
[1] https://publicservices.international/resources/publications/isp-alerta-sobre-privatizacin-de-la-seguridad-social-en-ecuador?id=12734&lang=es
[2]
Ver notas en los medios a inicios de julio 2023, como ésta del diario El
Universo https://www.eluniverso.com/noticias/economia/comision-para-reformar-pensiones-del-iess-propone-mantener-edad-minima-de-jubilacion-en-60-pero-subir-a-35-los-anos-de-aportacion-nota/
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