JUBILACIÓN, SUBSIDIOS Y BONOS DE LA POBREZA.

LAS INEQUIDADES Y LAS PRETENSIONES NEOLIBERALES

“Tiene que haber algo podrido en el corazón mismo de un sistema social, que aumenta su riqueza, sin disminuir su miseria” Carlos Marx

El pasado 23 de abril de 2025, en Cuenca, a propósito de una “mesa de diálogo” promovida por el presidente del consejo directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Eduardo Peña (a su vez gerente general de la aseguradora privada “Cóndor” / conflicto de interés en el tema) hizo la siguiente declaración (sic): “Si tenemos que pagar pensiones a personas que se jubilan a los 65 y que se morían a los 70, les pagamos cinco años. Pero si hoy se mueren a los 81, en promedio, tenemos que pagar 16 años de pensión”.

Hay varias falacias e intenciones ocultas en esas declaraciones, aunque luego se hayan apurado a maquillarlas.

En primer lugar, cuál “tenemos que pagar”, ¿se cree el señor Peña dueño de los fondos del IESS? Esos fondos pertenecen a los afiliados y a los pensionistas, no al Estado (aunque hay aportes estatales legales al fondo de pensiones) y peor aún a los ejecutivos de empresas aseguradoras privadas. Por tanto, quienes tendríamos que decidir, seríamos fundamentalmente los afiliados y pensionistas; no el poder de turno ni los intereses empresariales.

En segundo lugar, la declaración de Peña tiene la clara intención de preparar el terreno para reformas neoliberales del IESS, entre las cuales está el incremento de la edad de jubilación. De hecho, se trata de un tema recurrente planteado desde los economistas neoliberales, aunque a veces lo disfracen como aumento del número de aportaciones para poder jubilarse, que en la práctica significa lo mismo.

La propuesta presentada por la “Comisión Ciudadana para la reforma a las pensiones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) para darle sostenibilidad al sistema”, encargada por el ex presidente Guillermo Lasso y presidida por el economista Augusto de la Torre, ex jefe del Banco Mundial para América Latina (propuesta de julio del 2023), planteaba que no se aumentará la edad de jubilación, pero que si propone aumentar el número de aportaciones a 35 años para poder jubilarse (en la actualidad es posible jubilarse con 60 años de edad y 30 años de aportaciones).

Las otras propuestas de la comisión Lasso y de la Torre, fueron: Ampliar el número de los mejores años que se toman en cuenta para calcular la pensión jubilar (subiendo un año cada año hasta llegar a 15 o 20 años), es decir diluir las pensiones jubilares. Dar incentivos para que las personas se jubilen más tarde con la promesa de tener una pensión más alta. https://www.eluniverso.com/noticias/economia/comision-para-reformar-pensiones-del-iess-propone-mantener-edad-minima-de-jubilacion-en-60-pero-subir-a-35-los-anos-de-aportacion-nota/

Se trata más que de sólo el incremento de la edad de jubilación, en realidad es todo un reiterado plan de privatización del IESS que data de la década de 1990, cuando el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional comenzaron a presionar por reformas neoliberales como condiciones para el desembolso de créditos. Basta recordar la consulta popular del gobierno de Sixto Durán Ballen (1995), que pretendía aprobar de manera engañosa los primeros pasos hacia esa privatización, mediante la siguiente pregunta que fue rechazada con el 60,32% de votos válidos:

 Pregunta 2

Derecho a escoger el régimen de seguridad social. ¿Debería incorporarse a la Constitución Política una disposición que diga?: "Toda persona tiene el derecho a escoger libre y voluntariamente que tanto el régimen de seguridad social, como sus prestaciones y servicios estén a cargo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social o de otra institución pública o privada. El sistema de seguridad social se fundará en los principios de solidaridad y libre competencia". SI-NO.

Según un estudio de la Internacional de Servicios Públicos (ISP) y CEDES (2022 https://publicservices.international/resources/publications/isp-alerta-sobre-privatizacin-de-la-seguridad-social-en-ecuador?id=12734&lang=es), la privatización se enmarca en las reformas que tienen que ver con:

·         Aumento de la edad de jubilación

·         Creación de cuentas individuales, rompiendo con el principio de solidaridad

·         Nueva fórmula de cálculo para la jubilación, en lugar de los mejores cinco años de aportaciones, bajará el monto de las pensiones.

·         Incremento del aporte de los trabajadores, que disminuirá sus ingresos mensuales.

·         En el área de salud: externalización de las farmacias hacia las cadenas farmacéuticas privadas, para que éstas lucren del jugoso negocio, con recursos de IESS, que son nuestros recursos.

Para lograr ello, una de las principales estrategias de los grupos de poder que se han tomado el Estado, ha sido estrangular al IESS; deteriorar sus servicios, especialmente los servicios de salud; infiltrar corrupción en la institución. Todo ello con el objetivo de desprestigiar la seguridad social, a tal punto que un gran sector de jóvenes no tiene confianza en el IESS, no quiere afiliarse, prefieren (los que pueden pagar) afiliarse a aseguradoras privadas, creando el ambiente favorable para la privatización de la seguridad social.

Según el estudio de la ISP y CEDES, hasta diciembre 2021, la deuda pública y privada al IESS se estimaba en 10.000 millones de dólares (incluía 2.000 millones de mora patronal). Para el año 2025, según un informe del IESS, la deuda -con intereses incluidos- asciende a 24.233 millones de dólares. Solo el capital es de 16.333 millones de dólares, con corte hasta noviembre de 2024. https://ciss-bienestar.org/2025/01/23/los-proximos-gobiernos-tienen-el-reto-de-pagar-la-deuda-al-iess-durante-10-anos/#:~:text=Seg%C3%BAn%20un%20informe%20del%20IESS,registra%20desde%20enero%20de%202012. Si sólo se pagara esa deuda acumulada, muchos de los problemas del IESS se solucionarían y éste tendría una sostenibilidad garantizada a largo plazo.

Es evidente que se requiere reformas en el sistema de seguridad social del Ecuador, pero las mismas siempre deberían pensar en la sostenibilidad del sistema y en garantizar los derechos de los afiliados y pensionistas. De hecho, una de las reformas básicas debería ser en la conformación del consejo directivo, para que sean los trabajadores (afiliados y pensionistas) los que tomen las decisiones fundamentales y no el poder político de turno.

Los números de Peña no cuadran

Entre las falacias de las declaraciones de Peña, está la supuesta esperanza de vida de los ecuatorianos. Según Peña, sería de 81 años, ¿de dónde habrá obtenido esa información?, ¿qué tipo de asesores tiene?

Bastaría que revise los datos del Banco Mundial, si esa es una de las instituciones en la que confía https://datos.bancomundial.org/indicador/SP.DYN.LE00.IN?locations=EC. Luego de una caída drástica en los años 2020 y 2021 por la pandemia de Covid-19 (allí fallecieron muchos pensionistas del IESS, para alivio de Peña y otros neoliberales), el Banco Mundial estima en 77 años (para ambos sexos) la esperanza de vida en el Ecuador para el año 2023. Según otras fuentes, incluidos organismos de Naciones Unidas, para el año 2024 la esperanza de vida en el Ecuador para ambos sexos fue de 77,6 años (mayor al promedio de Latinoamérica, 75,9 años, debido a cifras muy bajas como las de Haití o Bolivia). Según el censo del 2022, la esperanza de vida en el Ecuador para ese año para las mujeres fue de 80.48 años, mientras que la de los hombres fue de 75.31 años. Así que por ningún lado aparece la cifra de 81 años para ambos sexos de la que habla Peña.

Según un documento oficial del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC: www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Poblacion_y_Demografia/Proyecciones_Poblacionales/censo_2022/revision_2024/Boletin_tecnico_proy_rev2024.pdf), en base a los datos del Censo de Población 2022 y las proyecciones, la pirámide de población del Ecuador sigue siendo de base relativamente ancha para el año 2022, apenas comienza a disminuir significativamente en el grupo de menores de 5 años de edad. Recién para el año 2050 nuestra pirámide poblacional comenzará parecerse a la pirámide actual de los países con población más envejecida (Europa, Japón, Corea del Sur, o en Latinoamérica Uruguay como ejemplo).

Fuente: INEC

Según el Censo del 2022, la población ecuatoriana de mayores de 70 años (edad hasta la cual la mayoría de trabajadores de los sectores privado y público son productivos y en la que en la actualidad es obligatorio jubilarse para el sector público) es de aproximadamente un millon de habitantes, lo que equivale al 5,9% de la población total (9% cuando se considera 65 años y más de edad – definición de OMS para adultos mayores)[1]. Si según los datos del IESS, aproximadamente un 22% de la población está afiliada al IESS (en todas las modalidades), a groso modo habría alrededor de 200.000 pensionistas de 70 años o más, pero a partir de esa edad, la expectativa de vida es muy corta, hay muchas defunciones.

De hecho, la mayoría de defunciones (en números absolutos) ocurren entre los 65 y 90 años de edad, y ello aumenta en condiciones extremas como la pandemia de covid-19 (años 2020 y 2021), ver siguiente gráfico. La rotación de los pensionistas (ingreso de nuevos y egresos por defunción) es muy dinámica; atormentar a los adultos mayores con una extensión del período laboral antes de su jubilación (del puesto de trabajo a la tumba) cuando el perfil demógrafico del Ecuador aún no lo amerita, o con una diminución en el monto de sus pensiones, resulta cruel, y ese es uno de los mecanismos del neoliberalismo para estrujar hasta el último a los trabajadores, muchos de los cuales mueren jóvenes o quedan enfermos, mutilados, discapacitados, por las condiciones inseguras en el trabajo.

En lugar de gastar energías en maquinar como exprimir al máximo a los trabajadores, incluso en las edades extremas (niñez y adultos mayores), los “reformadores” de la seguridad social, deberían pensar como Bismark (a quien se le considera el primer ideólogo de la seguridad social) a fines del siglo XIX, o como Churchil y otros políticos burgueses ingleses y europeos, que es bueno permitir unas básicas condiciones de seguridad a los trabajadores y el pueblo, antes que enfrentar recurrentes estallidos sociales.

Inequidades abismales en los adultos mayores

Los modernos reformadores burgueses de la seguridad social en el Ecuador, si fueran perspicaces, deberían pensar en principios fundamentales como la protección social universal; pero, que va, ese no es su interés, se trata de explotar al máximo, no importan las consecuencias sociales.

O podrían pensar incluso en dar plena apertura a la eutanasia y el suicidio asistido, ya muy común en algunos países con poblaciones envejecidas y sin prejuicios. Sería un buen negocio. Pero no, su conservadurismo a ultranza lo impide: prefieren una fuerza laboral viva aunque desempleada y en la miseria. O será que la violencia contra los jóvenes es el instrumento que prefieren.

Protección social (el cuidado en manos del Estado) es un gran reto, significa, entre otras cosas: erradicar totalmente el trabajo infantil; erradicar las nuevas formas de esclavitud en el trabajo (como el trabajo sexual infantil y juvenil, o explotaciones como la de Furukawa, sentenciada por la Corte Constitucional); garantizar condiciones dignas, seguras y saludables para todos los trabajadores públicos y privados; liberar del cuidado a las mujeres; y garantizar una jubilación digna a todos los trabajadores adultos mayores (afiliados o no afiliados).

Lo que se debe construir es un sistema de seguridad social equitativo, solidario y universal, ello incluiría la posibilidad de acceder todos los adultos mayores, independientemente de su anterior condición laboral, a una pensión jubilar digna, con el aporte solidario de los asegurados y el aporte del Estado. Hoy por hoy, ello es una utopía y lo que se vive son profundas inequidades que acompañan a la población a lo largo de toda su vida, incluso más dramáticas cuando adultos mayores.

Nos rasgamos las vestiduras para culpar a un gobierno de haber retirado el aporte (subsidio) estatal del 40% para las pensiones jubilares. Pero, lo cierto es que no ha sido un solo gobierno, ha sido la práctica común de todos los gobiernos burgueses de distinto tinte político. Pero más allá de los matices, fijémonos en lo inequitativo de ese subsidio estatal, que en el caso de los militares y policias no es del 40 sino del 60%. El siguiente cuadro permite graficar de mejor manera esas inequidades:

Ecuador, subsidio estatal a las pensiones jubilares o aporte como bono de desarrollo humano (adultos mayores)
Características del jubilado o adulto mayor	Pensión jubilar mensual (en el caso de tenerla)	Subsidio o bono mensual del Estado	Subsidio o bono anual del Estado (incluye 13º y 14º)
Oficial de alto rango, militar o de la Policía	Un ejemplo de 3.000 dólares (puede ser muy variable). 60% subsidio estatal.	1.800	23.682
Jubilado civil público o privado, máxima pensión en el 2025	2.585 dólares. 40% subsidio estatal.	1.034	13.630
Jubilado civil público o privado	1.000 dólares. 40% subsidio estatal.	400	5.388
Adulto mayor que nunca ha sido afiliado al IESS o no tiene suficientes aportes para jubilarse	Bono de Desarrollo Humano (MIES), personas 65 años y más. Para “cubrir carencias económicas y gastos que demandan las vulnerabilidades”	100	1.200

 

Esas inequidades sociales, incluso con los propios recursos del Estado, son las que no queremos mirarlas. A la hora de protestar, lo hacemos pensando sólo en nuestros propios intereses, en los de mi círculo, en los privilegios del mismo. Pero, ¿estamos dispuestos a un sistema equitativo y solidario?, donde todos tengamos acceso a lo básico, a una protección estatal a través de una seguridad universal, garantizada por el Estado cuando el trabajador o ciudadano no pueda aportar. Equidad que signifique incluso que los subsidios estatales a la pensión jubilar y el bono de desarrollo (que ojalá sea mejor definido como pensión jubilar para adultos mayores) sean también equitativos. ¿Por qué el Estado entrega anualmente 23.000 dolares a un general retirado y por qué el mismo Estado entrega 1.200 en el mismo año a un adulto mayor que seguramente vive en condiciones de extrema pobreza y vulnerabilidad?, preguntas como esas son muy incómodas y ningún político, neoliberal o socialdemócrata, quiere abordarlas, porque significaría pelearse con instituciones poderosas, significaría un cambio profundo, al que no están dispuestos.

hnc / 24 mayo 2025

 

---

[1] Según datos del Banco Mundial, en 2021 las personas de 65 años de edad o más representaban el 9,54% de la población mundial https://es.statista.com/grafico/23071/poblacion-mayor-de-65-anos-como-porcentaje-de-la-poblacion-mundial-total/. Pero esa cifra bordea o sobrepasa el 20% en la mayoría de países europeos, y en algunos otros países como Japón, se aproxima al 30%.