EL BUEN MORIR

Si añoramos el buen vivir, aquel que es parte de la filosofía de los pueblos andinos, que forma incluso parte de plataformas políticas y de instrumentos legales. Deberíamos entonces aspirar también al buen morir.

La muerte es parte del proceso vital, el último paso. Para muchas religiones significa atravesar a otro lado, idealmente a un espacio o un nuevo mundo lleno de bondades, donde se supone van sólo quienes han tenido un comportamiento digno en sus vidas terrenales.

Pero, independientemente de nuestros comportamientos y méritos para llegar al cielo o sumirnos en la oscuridad de la muerte; todos, creyentes y no creyentes, tenemos derecho a una muerte digna y ojalá cuando hayamos llegado a la vejez.

Ningún niño, ninguna persona joven, debería morir. No es justo. Aún así, en pleno siglo XXI con toda la tecnología disponible para evitar muchas enfermedades y defunciones tempranas, más de 3.000 niños cada año no llegan a cumplir 5 años de edad en el Ecuador (3.272 en el año 2023, datos del INEC, sin ajustar registros tardíos).

Otros 2.740 niños y adolescentes de entre 5 y 19 años de edad también fallecieron en el 2023 (INEC). A partir de los 15 años de edad, el número de defunciones crece de manera alarmante en adolescentes y jóvenes, sobre todo de sexo masculino, la mayoría de esas muertes son violentas, los jóvenes empobrecidos son la carne cañón del capitalismo violento. El número total de muertes por violencia en el año 2023 en el Ecuador fue de 16.009 (13.556 masculinas, 2.453 femeninas). Los homicidios en el año 2023 alcanzaron la cifra récord de 8.221 con una tasa de 46,2 por 100.000 habitantes (la más alta de Latinoamérica), pero para el año 2024 se mantuvieron extremadamente altos, 6.964 crímenes (tasa 38,8) según datos de la Policía Nacional publicados por statista.

Pero las muertes violentas no son las únicas que atentan contra la integridad y dignidad de los seres humanos, contra los derechos de una persona a tener una vida plena y prolongada. En cualquier edad, si la muerte es inevitable, ésta tendría que ser con dignidad, en calma, sin dolor, sin sufrimiento. Y tampoco es aceptable condenar a una persona a vivir en condiciones de sufrimiento, de cualquier tipo.

El año pasado, 2024, se dio un debate en el Ecuador a propósito del caso de una valiente mujer, Paola Roldán, que luchó junto a su familia y abogados por la despenalización de la eutanasia en el Ecuador, lo que se logró mediante fallo de la Corte Constitucional. El fallo obligaba al Ministerio de Salud Pública a elaborar un reglamento provisional, que resultó bastante restrictivo para la garantía del derecho; y obligaba también a la Defensoría del Pueblo a presentar un proyecto de ley, el mismo que fue elaborado con fecha 19 de abril de 2024, presentado a la Asamblea Nacional en junio del 2024 y calificado para el trámite el 16 de octubre de 2024. Sin embargo, hasta la fecha, no sé conoce el avance sobre el mismo que se encuentra en manos de la Comisión de Salud; esperemos no tenga interferencias y garantice plenamente el derecho, con agilidad.

Un caso particular permitió que por primera vez se trate en diversos ámbitos nacionales un tema como la eutanasia y que se pueda contar, se supone en un futuro inmediato, con legislación al respecto. Antes, este debate sólo se daba en los círculos restringidos de los comités de bioética.

Este debate viene con mucho retraso en relación a otros países, incluso de Latinoamérica. Al momento, sólo pocos países en el mundo permiten la eutanasia sin restricciones, aunque con legislaciones diferentes: Países Bajos, Bélgica, España, Luxemburgo, Canadá y Colombia. Otros países permiten el suicidio asistido: Estados Unidos de Norteamérica (en algunos estados), Alemania, Austria y Suiza. Y otros más permiten eutanasia pasiva, como Nueva Zelanda, Australia y Noruega. En América Latina, Colombia es quien lidera la iniciativa, allí la eutanasia es un derecho constitucional desde 1998, aunque insuficientemente regulado. Antes del Ecuador, en Perú hubo ya un fallo de la Corte Constitucional del año 2022 que permitió la eutanasia a una mujer con una enfermedad incurable; Chile tiene también iniciativas para despenalizar la eutanasia. Como en el caso del Perú y Ecuador, en varios otros países se han dictado sentencias que permiten la eutanasia y/o la cooperación al suicidio en algunas circunstancias, e impulsan a sus parlamentos a legislar adecuadamente este derecho.

Los Países Bajos (antes Holanda) son quienes van a la punta a nivel mundial, desde el 2002 en que se aprobó la primera legislación al respecto. Y no se trata sólo de eutanasia, activa y pasiva, sino también de suicidio asistido cuando la persona o incluso parejas (generalmente adultos mayores de avanzada edad) deciden conscientemente no continuar con sus vidas, aun sin enfermedades incurables o terminales. Existe la Asociación Holandesa para un Final de la Vida Voluntario (NVVE) que agrupa a casi 200.000 personas.

Una de las modalidades que va creciendo en Países Bajos es la eutanasia en pareja, o "dúo-eutanasia". El ex primer ministro neerlandés Dries van Agt y su esposa Eugenie optaron por la eutanasia en pareja en 2024. De las casi 9.000 eutanasias individuales practicadas en los Países Bajos en 2022, 29 parejas se sometieron a ese proceso el mismo año, y el número de parejas que toman esa decisión ha ido en crecimiento en los años 2023 y 2024.

Sin duda que los aspectos éticos están en el centro de los debates legislativos y de otro tipo en torno a la eutanasia y el suicidio asistido. Y tienen razón los miembros de los comités de bioética cuando advierten sobre los riesgos de aplicación no ética de estos procedimientos, incluso riesgo de asesinatos encubiertos. Y dentro de este debate ético se señala también los aspectos económicos (de las familias e instituciones) a la hora de tomar decisiones.

En los países llamados “desarrollados”, de economías sólidas y sobre todo donde se garantiza la seguridad social universal o protección social, en especial en aspectos de salud; parece no ser importante la discusión en torno a los aspectos económicos, no son los que más preocupan.

Pero, en países de economías débiles y sobre todo en donde los Estados y los gobiernos dejan en la desprotección a la mayoría de la población; para las personas (y sus familias) que optan u optarían por la eutanasia y eventualmente suicidio asistido, sí que son importantes los aspectos económicos a la hora de la decisión, y no se debería estigmatizar a nadie por ello. El alto costo de tratamiento y cuidado de personas con enfermedades crónicas graves y catastróficas, así como el no sentirse útil sino más bien una carga, pesan sobre la posible decisión de una eutanasia. Desde el punto de vista de los implicados, se trata de proteger la economía y el bienestar de la familia, muchas veces frágiles.

¿Por qué el Estado o la sociedad deben obligar a una persona a vivir en condiciones insostenibles?, si el mismo estado no facilita las condiciones para una vida digna, y ello es más evidente o grave por ejemplo en adultos mayores que viven en condiciones precarias y no tienen ningún interés o incentivo para seguir viviendo en esa situación tan difícil. Saltarán los conservadores diciendo que la vida es decisión de un dios, si así lo creen, tomen esas decisiones consigo mismo, pero no interfieran en las decisiones de otras personas que deben garantizarse como derechos con políticas públicas como la Constitución y las leyes. No les he visto horrorizarse (a esos grupos conservadores) por todas las muertes infantiles o de personas jóvenes, debidas a la violencia del sistema o la desprotección social.

Incluso sin que sean los aspectos económicos los que fundamentalmente incidan en las decisiones: ¿Nos hemos puesto a pensar si es digno prolongar la vida cuando ésta es precaria y llena de sufrimiento?, forzar la prolongación de una vida en el dolor, es mantener una tortura. Si las personas en esas condiciones, adultos mayores o no, contaran con una legislación que les ampare terminar dignamente con sus vidas (superando las barreras éticas), si además recibieran adecuada información al respecto, muchas de ellas optarían por la eutanasia o un suicidio asistido, que de paso contribuiría a aliviar la economía de los Estados, ojalá en favor de los demás y no para beneficio de corruptos. Pero claro, eso no es posible aún en el Ecuador. Lo que hoy es norma y una garantía del derecho a morir dignamente en los Países Bajos, para nosotros simplemente es una lejana quimera. Pero hay que comenzar el debate, se viene una ley.

hnc / 27 ene 2025