LOS NIÑOS DE LAS MALVINAS

En un vídeo en el que aparecen Jaime Vela, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Víctor Zárate, comandante general de la Policía Nacional, la ministra del Interior Mónica Palencia, el ministro de Gobierno José de la Gasca y el ministro de Defensa Ginancarlo Loffredo, trataron de lavarse las manos (ver https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/bloque-seguridad-responsabiliza-grupos-delictivos-desaparicion-menores-KF8513408). El “Bloque de Seguridad” del gobierno responsabiliza a grupos delictivos de la desaparición de cuatro menores en Guayaquil, pero no presenta indicio alguno.

El jefe militar mencionó que las Fuerzas Armadas “no van a interferir en investigaciones ni van a encubrir hecho alguno”. ¿Por qué lo habrá dicho?

El video finaliza con un envalentonado ministro Loffredo rechazando que esta situación sea utilizada con “intereses políticos y se maneje una narrativa de pretender involucrar a las Fuerzas Armadas con grupos delincuenciales".

Según Loffredo se busca debilitar el trabajo de las fuerzas del orden, generar el caos, para hacer que la ciudadanía "censure a una institución que está enfrentando al narcotráfico, el crimen organizado y a las mafias que lo protegen"… y añadió "calificar desde lo político este lamentable hecho como una desaparición forzada, es hacerle el juego al crimen organizado y las mafias". ¡Qué cinismo!

Esas lamentables declaraciones, significan sin embargo que reconocen que el Estado y las Fuerzas Armadas podrían estar implicadas en la desaparición forzada de los cuatro niños / adolescentes, Steven Medina, Josué Arroyo, Ismael Arroyo y Saúl Arboleda, de Las Malvinas (Guayaquil), la noche del domingo 8 de diciembre de 2024.

Y eso es lo que creen sus familiares, según los pocos indicios que se conoce. Pero también es lo que sospecha la Fiscalía General del Estado.

La fiscalía general señaló el sábado 21 de diciembre del 2024 (trece días después de la desaparición de los niños), que personal militar estaría involucrado en la desaparición de cuatro menores de edad en Guayaquil.

El Ministerio Público informó a los medios que este caso ha sido trasladado a Quito para que sea manejado por la Unidad Especializada en la Investigación de Uso Legítimo de la Fuerza. Esa unidad de la Fiscalía fue creada con resolución 063 del 2023 por la fiscal general, y se encarga específicamente de investigar infracciones presumiblemente cometidas por agentes estatales que involucren hechos como desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales y otros delitos conexos que puedan ser tipificados inicialmente de manera distinta. Si fuera un delito que no implica a agentes estatales, ¿por qué trasladarían el caso a esa unidad especializada?

Todos queremos que los niños vuelvan pronto a casa, sanos y salvos, tal como salieron aquel día. La tragedia para los niños y las familias es terrible, justo en vísperas de las fiestas navideñas, que se supone es un momento de paz. Pero no habrá paz en estas navidades para las familias de Steven, Josué, Ismael y Saúl, si no aparecen; como no habrá paz para las familias palestinas, libanesas y sirias víctimas del sionismo. La maldad se ha ensañado con los niños en el año 2024, y esa maldad tiene responsables, aunque traten de ocultarlo.

El silencio del presidente Noboa, da cuenta del desinterés por la tragedia de esos niños y sus familias. Pensará que es un aceptable efecto secundario de su guerra interna. Harán todo lo posible para culpar a grupos criminales ajenos al Estado y el gobierno, tienen el poder para ello.

Esta tragedia, que esperamos esta vez tenga final feliz, ojalá, nos hace recordar momentos vividos décadas atrás en otro gobierno autoritario, que también decidió el uso abusivo de las Fuerzas Armadas y la Policía. Fue en el gobierno de Febres Cordero que desaparecieron los hermanos Carlos Santiago y Pedro Andrés Restrepo; desde el inicio hubo indicios de que la policía nacional estaba involucrada en esa desaparición, pero trataron de ocultar testigos y evidencias de lo que fue un crimen de Estado. Fue en el gobierno de Febres Cordero que desapareció también la maestra Consuelo Benavides, más tarde se supo que fue detenida por marinos ecuatorianos y, al parecer, ejecutada extrajudicialmente. En ambos casos de la década de 1980, el gobierno, el Estado, la policía y las FFAA negaron su participación y responsabilidad. Y no fueron los únicos casos, hubo decenas de personas desaparecidas y ejecutadas, las cárceles clandestinas eran la norma, siguieron el patrón de los actos criminales de las dictaduras del Cono Sur y el Plan Cóndor.

Hoy, el pretexto para las violaciones de derechos humanos, es la supuesta lucha contra el crimen organizado y las bandas a las que el gobierno define como terroristas; mientras negocian por detrás. Esa “guerra interna” lo justifica todo.

Miles de voces en todo el territorio han mostrado su solidaridad con las familias de los niños de Las Malvinas, y su indignación con la actuación de las Fuerzas Armadas en los operativos, que tienen un claro enfoque aporofóbico y racista.

Pero ha habido también respuestas en redes sociales a los mensajes solidarios. Respuestas que tratan de minimizar o de justificar los abusos de la policía y las FFAA; respuestas que no se compadecen con el dolor que inunda a las familias y a toda la población sensible; respuestas que se burlan de la solidaridad. La sociedad está plagada de esas miserias.

El señor presidente y su familia festejarán con lujo y sin pudor la navidad y el año nuevo, harán alarde de ello. Muchos los acompañarán en el jolgorio.

Para la mayoría de ecuatorianos, serán unas navidades tristes si no aparecen pronto Steven, Josué, Ismael y Saúl.

¡Vivos los llevaron!

¡Vivos los queremos!

hnc / 22 diciembre 2024